Es una medida analizada por Alberto Fernández y Sergio Massa ante el impacto negativo que generó la normativa, y ahora estudian alternativas.
El Gobierno nacional derogaría en las próximas horas la Ley de Alquileres, según lo que habrían resuelto el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, en una reunión mantenida el lunes en la que analizaron varias cuestiones que preocupan actualmente.
En ese sentido, el mandatario y el titular del Palacio de Hacienda estudian por estas horas alternativas y ver cómo lograr un proyecto superador a esta ley, que generó un perjuicio tanto a propietarios como inquilinos en todo el país.
El dato surge luego de la jornada de reuniones de este lunes en Casa de Gobierno, donde Alberto Fernández tuvo un temario con eje en lo económico, por las nuevas metas que puso el FMI a la Argentina.
UNA LEY CON MÁS PERJUICIO QUE BENEFICIOS
La normativa, aprobada en 2019 con impulso de Juntos por el Cambio, pero sancionada y promulgada en el 2020 por el actual gobierno, extendió la duración de los contratos de 2 a 3 años y fijó una sola actualización anual del valor mensual del alquiler, de acuerdo con un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.
Sin embargo, en vez de facilitar el acceso a la vivienda, lo complicó.
Ante la incertidumbre, uno de los primeros efectos no deseados fue una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos. A los pocos meses de la sanción de la ley, el mercado inmobiliario ofrecía menos propiedades en alquiler y a precios más elevados, ya que muchos propietarios retiraron sus propiedades de la oferta de alquileres y las pusieron en venta o en alquiler temporario.
Si bien a lo largo de los últimos años se plantearon diversas modificaciones al proyecto original (en total se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla), ninguna logró avanzar.
Según trascendió, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, acordaron encontrarle una solución al tema, por lo que se analizaban alternativas posibles para reemplazar la normativa.
